viernes, 9 de octubre de 2026

0-54 ¿Burlador... o burlado? Tabacalera siglo XXI

 

 

        Lo que son las cosas, oiga... Desde estas crónicas, siempre hablando de historia, de tradición y de orgullo por la pertenencia a una actividad industrial que, hasta caer en el desarraigo social, consolidaba poco menos que cuatro siglos de existencia, y llego hoy y de sopetón descubro que, si primero nos vendieron a los franceses y después a los ingleses, ahora, en un cincuenta por ciento del negocio, pertenecemos a un fondo de inversiones chino. ¡Lo que son las cosas... y lo que estudia la gente!

        Y digo «lo que estudia la gente» por la grandilocuencia que se han gastado en El Confidencial para escribir un titular llamativo... y hasta dramático, del amargo momento por el que pasa la marca española Tabacalera. Por descontado, lo del «amargo momento» y «marca española» —que es cosecha mía— lleva su carga de ironía y retranca. En la cabecera publicitaria de El Confidencial en versión digital, marcando altura y nivel, la presentación del periódico comunica de sí mismo que su redacción desarrolla un periodismo para lectores influyentes. El día 29 de septiembre del año en curso, en su sección Empresas, publica: Cómo Tabacalera quedó en manos de un emporio criminal que la ha llevado al borde del colapso.

 

Marcas premium de la Corporación Tabacalera. Cigarros cubanos de alta gama. 

 

        Para una empresa de tanta experiencia y veteranía, para una empresa que hasta la segunda década del siglo pasado ejerció la caridad y la beneficencia social dando trabajo y un jornal a cuantas pobres desgraciadas, infelices mujeres y gente chusca de la chusma llamaban a su puerta, que en el siglo XXI se la hayan «metido doblada» no puede perdonarse como tal sacrilegio. La histórica bondad de Tabacalera no puede verse vejada de este modo... y más aún, por un chino. Sigo tirando de ironía y retranca, que después me explicaré.

        Según se explica en los artículos de El Confidencial, en 2020, aquellos directivos anglosajones que en el año 2009, tras la OPA hostil con la que se hicieron con Altadis, declararon que la operación financiera en la que se habían embarcado les había supuesto tal esfuerzo económico que primero se enfocarían en recuperar liquidez y, después, volverían a mirar por la calidad del producto y por la fidelización de sus consumidores —en 2020, decíamos— debieron de tener una gran urgencia por inflar sus beneficios y dar excelentes resultados a los accionistas de sus fondos de inversión.

 

A la izquierda de la imagen, Gareth Davis, CEO de Imperial Tobacco en el momento de la OPA hostil a Altadis y quien manifestó lo que se recoge en la crónica: «primero intentaremos recuperarnos del esfuerzo financiero y después, volveremos a prestarle atención a la calidad de nuestros productos y a la fidelización del fumador». Las labores tradicionales de tabaco negro de la histórica Tabacalera S.A. comenzaron a vivir su declive en favor de las marcas inglesas; John Player, sobre todo.  

 

        Para ello, Imperial Brands —que cuando nos compró se llamaba Imperial Tobacco Group— decidió poner a la venta la división de cigarros —puros— que todavía conservaba bajo la denominación española de Tabacalera. Volviendo un momento a 2009, pese a la adquisición inglesa, las mejores marcas premium de cigarros cubanos (Cohíba, Montecristo, etc.) siguieron bajo la gerencia española por cuestiones de la estrecha confianza que se había generado entre los productores cubanos y la dirección de Tabacalera S.A. ... o al menos eso argumentaron los voceros autorizados de la empresa.

        La venta de Tabacalera se formalizó por 1.225 millones de euros que pagó un consorcio de inversores agrupados alrededor de las razones sociales Gemstone Investment Holding y Allied Cigar Corporation. Según dice El Confidencial, por entonces no era público que quien realmente estaba detrás de toda la operación era un magnate asiático llamado Chen Zhi, dueño del conglomerado The Prince Group. En 2025, el susodicho Chen Zhi fue detenido en Camboya y extraditado a China, donde permanece en prisión acusado de fraude electrónico manipulando el mercado de los bitcoins, de lavado de dinero de actividades ilegales e, incluso, de someter a la esclavitud a sus trabajadores en Camboya. En China piden para él penas de grave alcance.

 

Chen Zhi, fundador del Grupo Prince (de la web Prince Holding Gruoup) - El Confidencial

 

        Llegados a este extremo, en el que el máximo accionista arrastra al desastre a todo su grupo de inversión, la división de puros de Tabacalera se ha declarado en concurso voluntario de acreedores para protegerse de su propio dueño. Preventivamente, a Tabacalera le han sido bloqueadas la totalidad de sus cuentas bancarias y se han visto paralizadas sus líneas de crédito; pero, habiendo obtenido licencias temporales para seguir exportando y vendiendo en Estados Unidos y en el Reino Unido, intentan evitar el colapso financiero y operativo total. En definitiva, que el complejo lío legal en el que se halla metida la que fuera la histórica marca española... y pública, es monumental.

        A su favor, y como atrayente activo para la venta a posibles nuevos propietarios, la empresa española alcanzó un alto rendimiento repartiendo dividendos en el mercado chino por valor de 220 millones en los cuatro primeros años, y en 2024 volvió a repartir 70 millones tras un beneficio empresarial neto de 193 millones. Sus empleados suman 2.656.

        Al final la solución pasa por venderse a un nuevo grupo inversor y seguir funcionando. Y entonces aparecen algunas preguntas: ¿cómo es que ante tal maremágnum de conceptos jurídicos y legales puedan estar maniobrando para salvarse el culo?, ¿cómo es que se argumenta engaño y ocultación de información en aquella compra y pese a ello se liaron la manta a la cabeza vendiendo?, ¿cómo es posible que nos engañaran a nosotros... a los paisanos del Lazarillo de Tormes, el pícaro por excelencia?

 

"El Lazarillo de Tormes", por Luís Santamaría y Pizarro - 1887

 

        Las respuestas puede que pasen por satisfacerse con otra pregunta: ¿quién ejerció de verdadero pícaro dentro de este negocio entre tunantes y maleantes? En la sempiterna y omnipresente presencia del gabinete jurídico Garrigues puede encontrarse la clave. Este famoso e importante gabinete de abogados que fundaran los hermanos Antonio y Joaquín Garrigues Díaz-Cañabate ha sido asesor y protector de los intereses de Tabacalera, y también ha mantenido estrechas ligazones con gobiernos, el alto empresariado, el mundo de las finanzas y las relaciones comerciales internacionales... casualmente incluidas las que se mantienen con EE. UU. y China.

        ¿No empieza a oler todo este embrollo a chamusquina? Los mismos que investigan la información necesaria para la toma de decisiones, los mismos que estudian los entornos posibles y los escenarios resultantes, los mismos que asesoran las firmas y que las validan judicialmente... ¡estos mismos ya tenían una solución que ahora están llevando con la muleta muy bien templada! Y de cara al mundo, Tabacalera quejándose y argumentando haber sido engañada y estafada. Mientras los beneficios entraban con alegría, no importaba que el negocio tuviera sus claroscuros; pero en cuanto las cosas vinieron mal dadas, ¡agua! Y a recoger el chiringuito que hay presencia de la bofia. 

 

El timo de la estampita. El genial Tony Leblanc interpretando a un pícaro timador en la película "Los tramposos"

    

        Andaría rodando el año 2007 y sí, reconozco y confieso que, atraído por el querer saber qué y cómo se cocían las negociaciones con Altadis en Madrid, acepté colaborar en una representación sindical minoritaria que había vuelto a alcanzar los porcentajes de votos necesarios para retornar a las mesas de negociación. No me duraron mucho las ganas porque, visto lo visto y vivido lo vivido, salí de esos contubernios y ámbitos escopetado. Actué en conciencia y dejé paso a otros con otro tipo de «sentrañas».

        La cuestión y la anécdota se dieron, como decía, desarrollándose 2007. Estábamos por Madrid y a las oficinas de las secciones sindicales en la Glorieta de Quevedo nos llegó un más que sorpresivo aviso de asistencia a una presentación explicativa que, en la sala de conferencias del edificio de Altadis en la calle Eloy Gonzalo —justo al lado de la glorieta—, iban a desarrollar directivos de la compañía.

        Tras la mesa y los micrófonos aparecieron como cinco o seis directivos perfectamente uniformados con traje oscuro y corbata ostentosa. Lucían cabelleras lisas u onduladas que brillaban por los afeites que usaran y... no miento, que así eran, uno tras otro se fueron pasando el turno de palabra para soltar una larga y hasta incomprensible perorata, acompañada de coloridas diapositivas, en la que expusieron una maniobra comercial internacional para mover la exportación y venta de los cigarros premium hacia EE. UU. y Europa a través de Canadá.

 

Antonio Vázquez, el artífice de la "estrecha confianza" con los productores cubanos. Después pasaría a co-presidir Altadis junto al francés Jean Dominique Comolli. Acabada su co-presidencia en el grupo tabaquero, pasó a presidir Iberia... que también se vendería o fusionaría a capital inglés; a la British Airways concretamente.

 

        Azafatas moninas de aspecto, además de asistir a los conferenciantes en el escenario, fueron ofreciendo el micrófono inalámbrico a quien quisiera intervenir desde el patio de butacas. Recuerdo a Koldo, miembro de CCOO y a quien después volví a tratar cuando me trasladé a la Fábrica de Tabacos de Logroño, que cuando le llegó el turno agarró aquel artefacto y no lo soltaba, toda vez que se enredó en un interminable bucle de repetir no sé qué de objetivos a aprovechar con las sinergias de negocio dadas para que revertieran también beneficios a los trabajadores... cuando, en realidad, lo que nos habían presentado aquellos engominados directivos había sido la ingeniería fiscal que les habían inventado los asesores económicos y jurídicos para desviar la exportación hacia Canadá, beneficiándose de las exenciones fiscales que se obtenían con todo ese gran trayecto y recorrido geográfico del producto elaborado y que, en suelo patrio, se convertía en un aumento exponencial de beneficios sin pasar por la «caja» del fisco.

        Zorras, zorros y otros depredadores y aves rapaces habían preparado el informe, habían planificado la operación, dispuesto el entorno y el escenario perfectos y solo quedaba poner el proyecto en marcha. A la empresa, la información se la daba el mismo que debía de controlarles fiscalmente y los entornos se los facilitaban los que gobernaban los mercados internacionales. Y si hiciera falta, ya se reglamentaría al uso. Vamos, de doctorado del Lazarillo de Tormes. Pícaros y maleantes como ellos solos y donde los hubiera.

Solo porque lo he nombrado, y porque Koldo no se contaba de entre lo peorcito de los «cocos», en 2009 se había convertido en el secretario general del sindicato en La Rioja y, llegando a las puertas de la siguiente convocatoria a elecciones sindicales, no perdonándole ser vasco, los de la gran casa riojana se encargaron de montarle un quilombo de dineros no muy claros, con secretaria de gestión incluida por medio, y lo defenestraron por la vía rápida. Y en el asunto de Canadá y sus vías fiscales alternativas, no a todas las tabaqueras que siguieron nuestro modelo les fue igual de bien; años más tarde fueron llevadas a juicio y sentenciadas al pago de grandes multas por fraude fiscal. También les fueron reclamados los beneficios obtenidos y hasta algún alto directivo acabó entre rejas.

 

 

Una de las algaradas —en esta ocasión en febrero de 2006— a las puertas del edificio de Altadis en la calle Eloy Gonzalo. No aparezco en la fotografía porque soy yo el que la está captando.

        Del resumen y comunicados que después publicábamos y que no faltó de aquella sesión explicativa, hasta los de la oposición tomaron la costumbre de depositarlos en las mesas de los directivos y siempre sabíamos... porque había compañeros nuestros en las oficinas centrales, que les conseguíamos arrancar una sonrisa socarrona viéndose retratados en la realidad y no glorificados, como hacían otros que solían regalarles los oídos y los egos.

        Pues eso, que al final y tras tanta fanfarria de lo redactado por El Confidencial, como que no me queda muy claro que el chino se la metiera doblada a la panda de asesores, abogados y directivos de Tabacalera cigarros; que por contra a lo que vemos en el cuadro del Lazarillo de Tormes, en esto del chino, lo mismo el burlador, el pícaro, ha sido otro.

 

 

Fuentes documentales:

  • Periódico El Confidencial.com, en fechas: 24/04/2020,12 y 27 de febrero de/2026 y, 15 y 19de septiembre de 2026 
  • Diario de Cuba.com, 17/12/2025
  • Mis archivos personales 

 

sábado, 3 de octubre de 2026

0-53 María Polo... contra Goliat

 

En aplicación de la Ley 30 de enero de 1900...


        De siempre, hacer referencia a «lo de David contra Goliat» se ha usado para describir un conflicto o disyuntiva en los que las partes implicadas son de muy desigual condición y donde el más débil parece no tener oportunidad alguna frente al poderoso.

        Para la crónica que hoy nos ocupa, el joven David pasará a llamarse María Polo Pastor y el todopoderoso será el monopolio estatal del tabaco, representado en su gerencia por la Compañía Arrendataria de Tabacos. El escenario será el Alicante de 1901 a 1902.

        María era una avezada cigarrera alicantina con cuarenta y tres años de antigüedad en el oficio... lo que la situaba en aquellas fechas entre los cincuenta y los sesenta años de edad. Tuvo la mala fortuna de sufrir un accidente durante su jornada laboral y se aventuró a plantar cara a la tabacalera.

 


Grabado de la Crónica de Viravens, año 1876. Al fondo puede apreciarse la que fuera la puerta de acceso a la Fábrica de Tabacos hasta su última transformación en los años 50, década en la que Tabacalera S.A. alcanzó la total propiedad del edificio. 


        Y se aventuró porque la recién estrenada Ley de 30 de enero de 1900, sobre accidentes de trabajo, todavía andaba aplicándose con resultado dispar para los intereses y derechos de los trabajadores por cuenta ajena. El principal beneficiario de la ley era el obrero u operario manual, a quien se le reconocía el derecho a ser indemnizado por su patrono por las lesiones corporales sufridas a causa o como consecuencia del trabajo realizado. Su ámbito de aplicación se ceñía a las industrias, minas, obras o transportes; los trabajos de carácter intelectual, el servicio doméstico y el trabajo a domicilio seguirían excluidos.

        Anteriormente, al trabajador accidentado se le aplicaba la teoría de la culpa, la cual concebía al operario como un individuo autónomo responsable de sus actos y que, por tanto, asumía consecuentemente los riesgos inherentes a su puesto. Al patrono se le presuponía no responsable y, si acaso su culpa era flagrante, disponía de recursos y medios para librarse de la indemnización apelando a la exoneración de su responsabilidad.

        El accidentado solo podía resarcirse mediante la caridad del patrono o la beneficencia, lo que resultaba claramente insuficiente para afrontar su situación incapacitante. La indemnización solo prosperaba si se denunciaba la culpa del empresario basándose en la responsabilidad civil frente a terceros.

        La Ley de 30 de enero de 1900 promovía indemnizaciones por incapacidad en función de distintos grados, tomando como baremo el salario del día del accidente. El empresario se veía obligado, además, a facilitar asistencia médica y farmacéutica al obrero hasta el momento de reincorporarse al trabajo. Para las incapacidades permanentes absolutas que impedían cualquier tipo de labor, la indemnización era de dos años de salario.

 

Grupo de cigarreras posando en el patio central. Fotografía a la que se le presume estar realizada muy a principios del siglo XX. A la derecha pueden observarse una de las escaleras de acceso a la planta primera. No en todo momento el edificio ofrecía una total seguridad a quienes desarrollaban su vida laboral en su interior: en 1854, ante la noticia del levantamiento militar del general O'Donnell, la salida atropellada y masiva de las cigarreras provocó que una de esas galerías se viniera abajo, perdiendo la vida quince de esas mujeres. 

 

        Para la incapacidad permanente orientada a su trabajo habitual, pero no para otro tipo de ocupación, se indemnizaba con 18 meses de salario. Al patrono se le obligaba a buscar un puesto compatible con esa incapacidad y a mantener el mismo tramo de sueldo. En incapacidades temporales inferiores a un año, el accidentado percibía la mitad de su salario diario hasta que se reincorporara a su puesto.

        La defunción también se cubría mediante el pago de los gastos de sepelio (hasta un máximo de 100 pesetas) e indemnizaciones a la familia según su composición, alcanzando a los descendientes legítimos menores de 16 años y a los propios ascendientes. La indemnización oscilaba entre los 12 y los 24 meses de salario según las condiciones. En el caso de las mujeres trabajadoras, pese a que también entraban en estas indemnizaciones, la desigualdad de trato seguía siendo palmaria: solo se indemnizaba a su familia en caso de que fuera viuda o hubiera sido abandonada por su marido.

        Pese a la ausencia de resistencia parlamentaria y a su rápida tramitación y aprobación, la norma no cayó muy bien entre quienes debían cumplirla —las grandes fortunas y la patronal—, por lo que, de manera pertinaz, las indemnizaciones continuaron abonándose únicamente tras las preceptivas denuncias y su resolución por vía judicial.

 

La misma ubicación que la anterior imagen mostrando lo irregular del piso y las escaleras exteriores para acceder a los pisos superiores. También queda constancia de una cierta anarquía en el uso de los espacios y en la disposición de los materiales y otros efectos. Este patio y en esas tres alturas fue cerrado sobre el año 1975. En la altura intermedia se instaló el Taller 3 de empaquetado blando de Ducados. Hoy, con la cacareada "remodelación" es un espacio de paredes insulsas; ni se han recuperado las galerías, ni los pilares... ni ná de ná. Minimalismo puro y duro expuesto a la inclemente solana con un espartano suelo liso de hormigón. 

 

        El promotor de esta ley fue Eduardo Dato, abogado y político que ejerció varias veces como ministro y presidente del Consejo de Ministros durante la Restauración borbónica. Pese a su fidelidad a la monarquía y a su posicionamiento conservador, su formación en leyes, el respeto estricto al marco legal y su percepción moral hacia la justicia social lo llevaron a convertirse en un enconado y perseverante «reformista». Junto a esta norma, Eduardo Dato impulsó la Ley sobre el trabajo de mujeres y niños de 13 de marzo de 1900. Ambas constituyeron un paso fundamental para la época al dar forma jurídica a la necesidad de establecer mecanismos de protección social pública.

        Como paradoja a su intención reformista, a Dato le llovieron las críticas por todos lados. Desde los sectores conservadores tradicionales y el empresariado, la ley les parecía socialista, revolucionaria y una afrenta directa al liberalismo económico. Les dolía contra natura el intervencionismo protector del Estado. Argumentaban que destruiría la libertad de contratación, encarecería los costes de producción de forma inasumible y que se generaría una oleada de litigios e indisciplina obrera. Finalmente, ante su establecimiento y aplicación, la patronal acabaría promoviendo la constitución de las primeras Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo: entre 1900 y 1922 se fundaron unas 18 entidades aseguradoras, figurando La Previsora como la primera de ellas.

        En sus críticas, los de su propia bancada también le hicieron chanza pública, señalando que, si lo que pretendía Dato era alcanzar notoriedad histórica, podía ir buscando otra vía de promoción, porque jamás lo conseguiría con la Ley de 30 de enero de 1900.

 

Planta baja. Plano redibujado a partir de un original croquizado a mano alzada - año 1930. Se incluye en la publicación de Caridad Valdés Chápuli "La Fábrica de Tabacos de Alicante", 1989 - CAM

 

        Desde el movimiento obrero tampoco se recibió la ley con exultante entusiasmo; la consideraban una maniobra paternalista del Estado para desactivar la revolución social. Estimaban bajas y ridículas las cantidades indemnizatorias y sus efectos protectores, máxime cuando en Alemania y Francia la incapacidad absoluta permanente se resolvía con pensiones vitalicias. Tampoco gustó la exclusión de los trabajos intelectuales, el servicio doméstico y los pequeños comercios.

        Pese a todo, la «Ley Dato» ha sido reconocida históricamente como el pilar fundamental del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en España. En ella se habilitaba para la gestión administrativa y el seguimiento de los partes de accidente a los Gobiernos Civiles, las Delegaciones de Policía y las Oficinas Municipales de las localidades que no fueran capital de provincia.

        Explicados escuetamente sus contenidos e intenciones, entre las primeras contiendas por la aplicación de esta ley en Alicante, a María Polo le tocó denunciar a la Compañía Arrendataria de Tabacos por la omisión de sus responsabilidades ante los efectos incapacitantes derivados de su accidente.

        La secuencia que he podido investigar en la prensa histórica local arranca con la publicación en el periódico La Vanguardia del 27 de marzo de 1902, en su sección «Accidentes de Trabajo» (sección que otros diarios locales también abrieron).

      Sobre la situación de María Polo, La Vanguardia se hace eco del envío al Gobierno Civil del informe forense firmado por el doctor Esteban Sánchez Santana. En él se hace constar que la accidentada está en disposición de volver a la vida normal y se confirma que ha sido socorrida según los preceptos de la ley. Sin embargo, por sus lesiones incapacitantes para todo trabajo, se le propone a la Compañía Arrendataria de Tabacos (C.A.T.) la aplicación de lo dispuesto en la norma respecto a una indemnización de dos años de salario.

 

Planta primera. Plano redibujado a partir de un original croquizado a mano alzada - año 1930. Se incluye en la publicación de Caridad Valdés Chápuli "La Fábrica de Tabacos de Alicante", 1989 - CAM

 

        En el seguimiento de la noticia en el mismo periódico (01/05/1902), se da cuenta de la postura de negación de la C.A.T., que no acepta el accidente como consecuencia de la labor desarrollada por la operaria. Se insta a María a demandar a la empresa al amparo de la disposición 2.ª del artículo 4 de la ley.

        El día 5 de ese mismo mes, la representación legal de la C.A.T. se niega a asistir al obligatorio intento de avenencia ante el negociado de Reformas Sociales. El día 13 se da noticia de los tiras y aflojas entre los requerimientos judiciales a la C.A.T. y los recursos con los que esta responde. Los redactores se extienden informando puntualmente sobre otros litigios similares en la industria alicantina y añaden que, al parecer, en la circunscripción de Alicante la magistratura viene mostrando un celo mayor al hacer cumplir lo reglamentado en favor de los obreros.

        El 8 de julio la sentencia se hace pública, condenando a la C.A.T. al abono de 2.190 pesetas a María Polo Pastor en concepto de indemnización por sus lesiones incapacitantes. La C.A.T. se sigue negando a aceptar lo que ya es sentencia firme y recurre al administrador jefe de la fábrica de Alicante para frenar el pago. Venancio Marín Verona, como administrador jefe, aduce no contar con competencias legales para resolver en nombre de los intereses de la empresa.

 

Cuadro directivo de la Fábrica de Tabacos de Alicante sobre la última década del siglo XIX. Como puede observarse en el escaso cuidado por la elección del fondo, para la acumulación de "trastos" y de desechos, todo espacio servía.

 

        La demanda sigue su curso hacia instancias superiores. Es en la Audiencia Territorial de Valencia y a instancias del gobernador civil de Alicante donde se revocan los recursos en los que se escudaba la empresa y se condena al administrador jefe de la Fábrica de Tabacos de Alicante por su responsabilidad frente a terceros en el accidente sufrido por María Polo, el cual le produjo una incapacidad absoluta y permanente para toda clase de trabajo.

        Al señor administrador jefe se le acabó el alegar que no poseía personalidad legal para intervenir en el asunto. La cantidad a abonar se mantiene en 2.190 pesetas. En este momento es La Correspondencia de Alicante (en su edición del 2 de diciembre de 1902) el diario que nos explica estas circunstancias. Además, añade detalles inéditos en el seguimiento de la prensa local: el accidente se produjo el 1 de febrero del mismo año y, según se deduce de lo escrito por el redactor, debió de consistir en una caída por las escaleras de acceso entre plantas mientras María se dirigía a su puesto en el taller de labores comunes.

        El relato cuenta con dos testigos que aportan su testimonio a favor de María: Rita Bataller y Francisca Guijarro. Como maestras de taller, al comprobar las fuertes contusiones que mostraba la operaria y el rictus de dolor que le impedía seguir con sus labores, le ordenaron que se retirara del trabajo. De Rita Bataller sabemos que fue fundadora y presidenta del Club Republicano Femenino de Alicante en 1869 y, por tanto, una infatigable activista obrera y social.

 

Escaleras interiores para acceder a los talleres de la planta superior. A la izquierda el cuadro de chapas numeradas que servía para conocer el personal que se encontraba trabajando en ese momento. La escalera de la derecha ha sobrevivido al paso del tiempo y hoy todavía existe, aunque, maquillada, reacondicionada a la estética moderna y sin su particular personalidad.

 

      También se nombra al abogado que representaba a María Polo y que, seguramente, actuaba de oficio dada la situación de preclara pobreza declarada por la cigarrera. En Antonio Fernández Martos recae gran parte del éxito de la demanda, pues la sentencia sentó jurisprudencia al plantar cara y ganar el pleito a una entidad tan poderosa como la Compañía Arrendataria de Tabacos. Fernández Martos ejercía como comisionado especial de Apremios de Propiedades y Derechos del Estado, bajo la dependencia del delegado de Hacienda de la Provincia de Alicante.

        Pese a todo, la empresa se mantuvo enrocada en su postura de no reconocer la sentencia, y el administrador jefe insistió en su alegato de carecer de personalidad legal para representar a la compañía y, mucho menos, para abonar la indemnización desde sus recursos financieros locales.

        Así continuó la situación hasta que el 18 de febrero de 1903 los diarios La Vanguardia y La Correspondencia Alicantina volvieron a hacerse eco del caso, publicando que María Polo Pastor por fin había recibido 1.503 pesetas con 85 céntimos en concepto de indemnización por su incapacidad derivada del accidente laboral.

 

Detalle extraido de la anterior imagen. Es muy posible que en estas escaleras, María Polo Pastor, sufriera una caída mientras accedía a su puesto de trabajo. 

 

        A partir de este punto, se le pierde el rastro al caso en la Hemeroteca Virtual de Prensa Histórica. La cantidad abonada parece contemplar solo un año de salario. ¿Qué pudo haber pasado? A falta de datos, solo podemos especular con que, herido en su orgullo por la sentencia favorable a María Polo, el gigante industrial aplastara a la cigarrera con la prepotencia propia de los colosos de la época.

        Después —y continuando con la especulación—, para María llegarían la miseria, el silencio... y la nada. La victoria obtenida en su batalla particular no alcanzó el mismo resultado esperanzador en la cruda guerra que patronos y obreros libraban por una justicia social que en su aplicación se hacía de rogar.

 

 

 Fuentes documentales:

  • Hemeroteca Virtual de la Prensa Histórica
  • Colecciones fotográficas contenidas en la presentación audiovisual realizada por el Grupo Técnico Administrativo de la Fábrica de Tabacos de Alicante en el año 2000
  • Gaceta de Madrid, 29 de Abril de 1900
  • "La primera ley de accidentes de trabajo en España: Ley Dato, origen y principales aportaciones", por Alejandro Vega González - Universidad Miguel Hernández, año 2019